Sanxenxo sufre ataque cibernético: municipio gallego rechaza pago de rescate

CountdownToBroke · 2026-02-05T06:03:33+00:00

Sanxenxo, Galicia, suffered a ransomware attack on January 26, impacting administrative operations and essential services for its 17,000 residents. Authorities rejected the $5,000 ransom, opting for a recovery strategy using backups to restore functionality and enhance cybersecurity measures.

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2026-02-05 06:03:33

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Según allegados del gobierno local, la ciudad de Sanxenxo en Galicia enfrentó un ataque de ransomware que comprometió seriamente sus operaciones administrativas. El incidente, ocurrido el 26 de enero, paralizó completamente los servidores municipales e interrumpió servicios esenciales para los más de 17,000 residentes de la localidad. Fuentes allegadas al caso confirmaron que los ciberdelincuentes demandaron $5,000 en Bitcoin como suma de rescate.

El impacto en servicios municipales

La efectividad del ataque dejó inhabilitados miles de archivos administrativos de la ciudad, limitando el acceso a bases de datos críticas. Entre los servicios comprometidos se encontraban gestiones de licencias municipales, registros de contribuyentes, documentación de permisos de construcción y sistemas de atención al ciudadano. La paralización total de infraestructura digital obligó a los empleados municipales a trabajar con procedimientos manuales, ralentizando significativamente la atención a la comunidad.

Respuesta institucional y medidas de seguridad

Las autoridades de Sanxenxo informaron del incidente a la Guardia Civil española, desencadenando una investigación por delitos cibernéticos. Allegados a las decisiones del consistorio revelaron que la administración local adoptó una postura firme: rechazó categóricamente efectuar el pago del rescate exigido. En su lugar, el equipo técnico municipal implementó un protocolo intensivo de restauración de sistemas mediante copias de seguridad diarias, permitiendo recuperar progresivamente la funcionalidad de los servidores. Esta estrategia defensiva refleja una tendencia creciente entre organismos públicos españoles de priorizar la ciberseguridad sobre las demandas de extorsionistas digitales.

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