Un grupo bipartidista de legisladores ha avanzado en la restricción de los mercados de predicción política, proponiendo una legislación que prohibiría a los funcionarios electos apostar en resultados políticos. La iniciativa refleja una creciente preocupación por los conflictos de interés y la manipulación del mercado en este espacio de comercio emergente. Los defensores argumentan que los servidores públicos no deberían poder beneficiarse de eventos políticos que influyen o controlan. A medida que los mercados de predicción ganan terreno en el ecosistema cripto—volviéndose más accesibles a través de plataformas blockchain—estas medidas regulatorias podrían transformar la forma en que operan estos mercados. La propuesta subraya la tensión más amplia entre la innovación en las finanzas descentralizadas y la necesidad de supervisión para proteger la integridad del mercado y prevenir riesgos de uso de información privilegiada.