Esta semana, en el Congreso de EE. UU. ha habido una nueva acción: un proyecto de ley sobre el mercado de criptomonedas, previamente archivado, ha sido reprogramado, y una de sus cláusulas ha generado bastante revuelo.

¿En qué consiste el problema? El Departamento del Tesoro quiere colaborar con la SEC, la CFTC y la Reserva Federal para bloquear directamente ciertos protocolos de finanzas descentralizadas, de modo que los usuarios estadounidenses no puedan acceder a ellos. La razón aparente es la seguridad nacional, pero en cuanto esto se hizo público, la industria se volcó en protestas.

Las voces en contra son numerosas. Algunos señalan que esto equivale a otorgar al Departamento del Tesoro un "poder de sanción de nivel sanción", sin un debido proceso. En otras palabras, la privacidad y los derechos de los usuarios y desarrolladores podrían ser ignorados. ¿Recuerdan el caso Tornado Cash? Un modo de aplicación de la ley similar podría dañar esas infraestructuras neutrales y a los participantes inocentes.

Además, el proyecto de ley requiere la presentación anual de informes de evaluación de riesgos de DeFi, lo cual parece muy formal, pero los criterios específicos de evaluación aún son difusos. Esto otorga a las agencias ejecutivas un amplio margen de discreción.

Las diferencias de postura entre ambos partidos también son evidentes: los republicanos quieren relajar la regulación y fomentar la innovación; los demócratas tienden a fortalecerla, buscando mayor control sobre actividades financieras ilegales e incluso responsabilizar a los desarrolladores. Detrás de estas diferencias, en realidad, se reflejan cuestiones de división de poderes y controles y equilibrios: ¿quién supervisa que el Departamento del Tesoro no cruce límites?