Hace apenas dos meses, llegaron los cambios. La orden ejecutiva de noviembre pasado todavía afirmaba que las reservas estratégicas de Bitcoin "nunca se venderían", pero rápidamente fue desmentida por una operación del Departamento de Justicia de EE. UU. que vendió directamente los BTC relacionados con el caso del desarrollador de Samourai, por un valor superior a 6 millones de dólares. Cuando esta acción fue confirmada por la industria, la comunidad cripto estalló en controversia.

Primero, el contexto. Cuando en noviembre del año pasado se anunció que las reservas estratégicas de Bitcoin serían 20,000 BTC, el mercado se disparó. La administración anunció públicamente que el gobierno de EE. UU. poseía esa cantidad y que sería considerada una "herramienta de almacenamiento de valor", asegurando que "nunca se venderían", argumentando que una venta temprana podría costarle a los contribuyentes más de cien mil millones de dólares. Muchos aceptaron esta declaración y pensaron que la política estaba asegurada.

Pero hay un problema: la palabra de los políticos sobre "para siempre" suele cambiar rápidamente. La actitud del gobierno de EE. UU. hacia los activos cripto, en última instancia, está motivada por intereses. La venta del BTC por parte del Departamento de Justicia en esta ocasión fue de activos confiscados en el caso de Samourai, que normalmente tienen regulaciones específicas para su disposición. Sin embargo, lo importante es que la orden ejecutiva también incluyó estos activos confiscados en las reservas estratégicas, y ahora el Departamento de Justicia las vendió sin seguir esa orden, lo que refleja las diferencias en la visión de los distintos departamentos del gobierno sobre la regulación de los criptoactivos.

Esto no es solo un "desmentido" a nivel administrativo, sino que también oculta un impacto real en el mercado. La imprevisibilidad de las políticas puede aumentar la incertidumbre sobre las intenciones del gobierno de EE. UU. respecto a la gestión de activos cripto, lo que en el corto plazo puede afectar el precio de BTC, y en el largo plazo, poner a prueba la confianza de los inversores en las promesas de las "reservas estratégicas". La división interna en la regulación gubernamental también envía una señal al mercado: el marco político sobre Bitcoin no es tan estable como parece.