La Corte Suprema de Estados Unidos emitirá su fallo final sobre la legalidad de la política arancelaria el 9 de enero, decisión que afectará directamente la dirección de las políticas fiscales por valor de más de 1 billón de dólares y también influirá profundamente en el panorama del comercio global y la liquidez del mercado en 2026.

Desde enero del año pasado, el gobierno de EE. UU. ha implementado una serie de aumentos arancelarios mediante órdenes ejecutivas, basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Sin embargo, la Corte de Apelaciones Federal y la Corte de Comercio Internacional han dictaminado que estas políticas son ilegales, y posteriormente el gobierno ha presentado apelaciones ante la Corte Suprema, preparándose para la última jugada.

En la sentencia de finales de agosto del año pasado, la corte de apelaciones señaló claramente que, aunque la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional permite al presidente tomar medidas económicas en situaciones de emergencia para responder a "amenazas anormales y especiales", este poder no incluye la implementación de aranceles a gran escala. El 3 de septiembre, el gobierno solicitó inmediatamente una apelación ante la Corte Suprema para revocar esa decisión.

Es importante destacar que el secretario del Tesoro, Janet Yellen, reveló en los documentos presentados una información clave: si la Corte Suprema retrasa su fallo hasta junio de 2026, el monto total de los aranceles recaudados en esta etapa podría aumentar hasta entre 750 mil millones y 1 billón de dólares. Si estos aranceles son considerados ilegales y se ordena su devolución, esto podría causar un impacto severo en los mercados globales.

El resultado de esta demanda no solo determinará la validez de estos aranceles, sino que también definirá los límites de autoridad del gobierno en la política económica. Independientemente del resultado, se esperan cambios significativos en el entorno comercial y en las expectativas del mercado para 2026.