En marzo de este año, Trump firmó la Orden Ejecutiva No. 14233, que estipula que las bitcoins confiscadas por el gobierno a través de procedimientos penales o civiles deben ser incorporadas en el «Depósito Estratégico de Bitcoin de Estados Unidos». Los términos de la política están claramente definidos y la intención es explícita: establecer un sistema dedicado de reserva estratégica de Bitcoin.

De repente, en noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó a la Oficina de Alguaciles ajustar el plan de disposición de bitcoins. Esta serie de acciones ha generado dudas en el mercado: ¿Por qué hubo un cambio tan drástico en la reserva estratégica desde la promesa hasta la ejecución?

Observando toda la línea de tiempo, desde la firma de la orden ejecutiva hasta la instrucción del Departamento de Justicia, solo pasaron 8 meses. ¿Qué refleja este cambio tan rápido en la dirección de la política? ¿Es una mala planificación del propio diseño de la política o hay obstáculos prácticos en la implementación? ¿O tal vez esto implica una reevaluación de la estrategia del gobierno respecto a la asignación de activos en Bitcoin?

De cualquier forma, este ajuste en la política merece atención: afecta directamente la dirección de las tenencias de Bitcoin del gobierno de EE. UU. y podría desencadenar reacciones en cadena en el mercado.