La Ley CLARITY aprobada en la Cámara y en camino hacia la revisión en el Senado, programada para enero. Esta legislación adopta una postura protectora sobre la infraestructura DeFi—específicamente protegiendo componentes clave como nodos blockchain, interfaces de usuario, carteras no custodiales y pools de liquidez de ser clasificados como intermediarios financieros sujetos a las regulaciones bancarias tradicionales. La ley también busca prevenir la superposición de supervisión a nivel estatal sobre las commodities digitales.

Sin embargo, aún quedan varias lagunas críticas sin resolver. Los límites entre lo que califica como una interfaz de usuario compatible y un servicio intermediario siguen siendo poco claros. Con un plazo de 360 días para la elaboración de regulaciones, los participantes de la industria se preparan para recibir directrices detalladas que podrían transformar significativamente cómo operan los protocolos DeFi y qué obligaciones de cumplimiento enfrentan los desarrolladores en adelante.