Cuando se trata de propuestas de impuestos sobre la riqueza, particularmente las que se están planteando en California, me opongo firmemente. Aquí está el motivo: los impuestos sobre la riqueza funcionan esencialmente como una expropiación encubierta de la propiedad privada—algo que suena razonable en teoría pero que se desploma bajo el escrutinio del mundo real.

Mira el historial. Cada país que ha implementado impuestos sobre la riqueza los ha visto fracasar espectacularmente. Fuga de capital, pesadillas administrativas, menores ingresos fiscales de los proyectados y desafíos legales agresivos—el patrón se repite como un reloj. Francia abandonó el suyo. Suecia también. Alemania, Austria, Finlandia—la lista continúa.

Las consecuencias no deseadas siempre superan los objetivos declarados. Se produce destrucción de la riqueza en lugar de redistribución. Los inversores se reubican. Las valoraciones de los activos se desploman. La base impositiva se reduce más rápido de lo que los burócratas pueden revisar sus pronósticos de ingresos. ¿Y quién soporta el verdadero costo? No los ultra-ricos que pueden permitirse una planificación fiscal sofisticada—son los propietarios de negocios, emprendedores y cualquier persona que posea activos ilíquidos los que se ven apretados.

Para los inversores en criptomonedas y poseedores de activos digitales, esto importa profundamente. Los impuestos sobre la riqueza crean incentivos perversos para mover capital, liquidar posiciones en momentos desfavorables o reubicarse por completo. La conversación sobre derechos de propiedad y tributación merece una economía mejor que la fantasía.