Los recientes movimientos políticos revelan un marcado contraste en los enfoques de aplicación de la ley. Por un lado, se autoriza el uso de medidas extremas contra operaciones marítimas de drogas sospechosas, sin juicio ni necesidad de presentar pruebas. Por otro, un expresidente de Honduras queda en libertad a pesar de que los fiscales han construido un caso sólido con pruebas documentadas.

La brecha entre estas dos posturas plantea interrogantes sobre la coherencia en la aplicación de la justicia. ¿Cuándo justifica la sospecha una acción inmediata y cuándo exige la evidencia un proceso exhaustivo? ¿Se aplican distintos estándares según el caso o responde a un cálculo estratégico?

Este patrón no es nuevo en las estructuras de poder: la aplicación selectiva de la ley siempre ha existido. Pero la imagen aquí es especialmente llamativa: castigo rápido para algunos, clemencia para otros. Vale la pena observar cómo evoluciona esta situación y qué precedentes establece para futuras decisiones de aplicación de la ley.