La Oficina de Protección Financiera del Consumidor enfrenta una grave crisis de liquidez. ¿Qué se dice en la calle? El mecanismo de financiamiento de la agencia acaba de ser declarado ilegal por el Departamento de Justicia. Estamos hablando de principios del próximo año antes de que se agote el dinero.

Aquí está el asunto: la CFPB ha estado operando bajo una estructura de financiamiento que evitaba las asignaciones típicas del Congreso. El DOJ acaba de dictaminar que esa configuración no es legal. Sin esa fuente de fondos, la agencia de vigilancia se enfrenta a cofres vacíos en cuestión de meses.

¿Por qué deberían importarles a los interesados en criptomonedas? La CFPB ha estado cada vez más activa en la supervisión de las finanzas digitales. Si desaparece o se reestructura, eso cambiará todo el panorama regulatorio. Podría significar margen de maniobra para algunos proyectos, caos para otros.

El momento también es brutal. Justo cuando las acciones de cumplimiento estaban aumentando en fintech y activos digitales, la oficina podría tener que frenar en seco. Los líderes del Tesoro y del Congreso deberán encontrar una solución rápidamente, o enfrentaremos una brecha significativa en la protección del consumidor.

Sea lo que sea que pase, el tablero de ajedrez regulatorio acaba de volverse más interesante.